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Los propietarios podrán deducirse un 20% o 40% en función del impacto energético

Los incentivos del 60% están destinados a la mejora de edificios enteros

Publicada en Cinco Días

La rehabilitación del parque residencial español, uno de los pilares del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, contará con deducciones de entre el 20% y el 60% en el IRPF a las que podrán acogerse los propietarios que impulsen en sus viviendas obras de mejora con el objetivo de acelerar su eficiencia energética. Estas bonificaciones, a las que se le añaden diferentes palancas de ayudas directas, tendrán cargo a los 6.820 millones de euros provenientes de Bruselas que el Gobierno ha previsto para la agenda urbana. En total, explican fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se reservarán 450 millones de euros para costear las bonificaciones.

Estas deducciones, que parten de un mínimo del 20%, ascienden al 40% y alcanzan un máximo del 60%, serán aplicables a todas las personas físicas que realicen determinadas obras en su vivienda habitual o en una vivienda de su titularidad, por ejemplo alquilada, que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética. Dado que estas obras de rehabilitación tienen que ser impulsadas por los propietarios, el Ministerio de Transportes, con competencias estatales en vivienda, propone diferentes incentivos que «se estructuran en dos componentes».

En primer lugar, habría una deducción del 20% para quienes, al realizar determinadas obras, reduzcan al menos un 7% de la demanda de calefacción y refrigeración de la vivienda, algo posible al sustituir las ventanas por unas de altas prestaciones o al aislar térmicamente las paredes del inmueble. A su vez, habrá una deducción mayor, del 40%, para los propietarios que rebajen hasta un 30% el consumo de energía primaria no renovable, acreditable a través del certificado de eficiencia energética.

En segunda instancia, el Ejecutivo establece una deducción del 60% por obras de rehabilitación para edificios enteros aplicable a cantidades satisfechas por personas físicas propietarias de vivienda, «condicionadas a una reducción del consumo de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética, de un 30% como mínimo, o bien, a la mejora de la calificación energética del edificio para obtener una clase energética «A» o «B», en la misma escala de calificación», detalla el ministerio.

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